Lo que presentamos a continuación forma parte del proyecto de investigación “Identidades y políticas migratorias: experiencias nicaragüenses y colombianas en Costa Rica”, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, en el que queremos trabajar los discursos institucionales, de la prensa, políticos y los propios migrantes acerca de la vivencia migratoria en el país. Para la elaboración de esta ponencia, específicamente, se tomaron como referencia diecisiete entrevistas que forman parte de la primera etapa del proyecto, realizadas a funcionarios(as) de diferentes instituciones que trabajan directamente con población migrante (ONG, organismos estatales, organizaciones de base, instancias religiosas).

Las discusiones, los temores, las controversias en relación con el tema de la migración suelen cristalizar, como ocurre en la Costa Rica de hoy, en torno a la definición de políticas migratorias por parte del estado, tratándose, como destaca López (2006), de una esfera de intervención pública en continuo cambio. Pueden (y suelen), entrar en tensión en este rubro diversas perspectivas y discursos: entre ellos el de los derechos humanos, el de la lógica capitalista neoliberal, y, con creciente fuerza, el de la seguridad nacional. Mármora (en Carazo y Salas, 2003, 142) define el concepto de política migratoria como un: “conjunto de todas las propuestas institucionales (leyes, decretos, resoluciones, directrices, acciones u omisiones, etc.) que determinado Estado desarrolla sobre la entrada y salida y/o permanencia de población nativa y/o extranjera dentro de su territorio”.Las dos tendencias principales son claras: se apela a nociones de derechos humanos universales o se articulan discursos particularistas, exclusivistas (Jelin, 2006).

 El tema de las políticas de migración es un referente contextual de indudable importancia para cualquier proyecto que pretenda investigar la situación de los migrantes, ya que es el contexto legal y normativo obligado. Mármora (2004), ya mencionado, uno de los más importantes estudiosos de la materia, sugiere que dichas políticas migratorias pueden tener alguno o varios de los siguientes objetivos: retención de población, promoción de determinado tipo de migración, regulación de flujos migratorios, recuperación de cierto tipo de población, e incorporación a la “vida nacional”. En el caso de Costa Rica identificamos en los últimos años enormes dificultades en esta materia, aunque exista, como veremos más adelante, un consenso generalizado acerca de una mejoría notable en la conceptualización de la nueva ley aprobada en el 2009. Por otro lado, la ley aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre del 2005, que estuvo vigente, al menos formalmente, durante casi cuatro años, se caracterizaba por una visión de la migración como un problema de seguridad nacional. En ella aparecían de una u otra manera, en forma tímida, los objetivos de recuperación y de incorporación, mientras que surgían con mucha mayor fuerza los objetivos de promoción (de una migración selectiva, sobre todo de inversionistas y pensionados [3]) y de regulación de flujos migratorios. Vale la pena, en relación con esta lógica de la selectividad migratoria deseada traer a colación las transparentes palabras del entonces canciller argentino Guido Di Tella:“Queremos estar cerca de los ricos y bellos…no queremos estar con la gente horrible” (cit. Por Grimson, 2006,82).

Hay que decir, a propósito de esto, que en diversos foros internacionales se ha insistido en la necesidad de generar políticas migratorias que no criminalicen a los y las migrantes y que se fundamenten en los Derechos Humanos, resaltando, así mismo, los aportes positivos que hacen los migrantes a los países receptores (Martine, 2000). Esto es crucial, a nuestro juicio: que la migración no se lea en clave negativa, sino en términos de los aportes económicos, sociales y culturales ofrecidos por los y las migrantes. Morales (2004) ha destacado la importancia de la migración para la redefinición de territorios y para la multiculturalidad, prestándole importancia en sus estudios a las zonas fronterizas. Una interesante observación de este investigador, que rescatamos, es que, en Estados Unidos, la llegada masiva de migrantes del área ha hecho florecer una “comunidad centroamericana”, mientras que a la integración regional le siguen poniendo trabas las elites locales.

En el nuevo escenario, adverso, se diluyen las diferencias, como identificó Canevaro (2006) que ocurría en migrantes peruanos en Buenos Aires. Calderón (2006) por su parte, ha identificado la creciente importancia del transnacionalismo para el estudio de la migración.Borge (2006) destaca que la inexistencia de políticas públicas migratorias podría traducirse en xenofobia, violación a los derechos humanos, deterioro de los servicios de salud, educación, vivienda y deterioro de las relaciones internacionales.Si existen problemas a nivel de leyes y normas, en el terreno incierto de los imaginarios sociales aparecen una y otra vez elementos de discriminación y exclusión que han llevado a estudiosos de las migraciones a preguntarse hasta que punto, y hasta qué grado, está extendida la visión prejuiciada en torno a determinados tipos de migraciones, sobre todo las de los pobres, o los perseguidos. Las políticas migratorias, en sus alcances, limitaciones y contradicciones, se articulan sobre la base de un sedimento cultural de posicionamiento hacia los extranjeros, los otros, que puede estar cargado de prejuicios.Ser tildado de “extranjero” ha sido siempre criterio de exclusión. Están en juego nociones de ciudadanía, que implica, idealmente una igualdad de derechos y de obligaciones, aunque siempre este en discusión si se trata de una ciudadanía “sustancial” que convierte esto en realidad efectiva. Para Martiniello (en Jelin, 2006) se presentan las siguientes posibles categorías:

1) “Full Citizens”, con el bagaje pleno de legitimidad y posibilidades

2) “denizens”, que son extranjeros con residencias legales.

3) “Margizens” que serían aquellos extranjeros indocumentados o con un status legal inseguro.Un tema que aparece poco en la literatura, y que nos interesa sobremanera, es el análisis de las prácticas y los discursos protectores de migrantes, que suelen ubicarse en la disyuntiva de apelar a narrativas de “respeto a los derechos Humanos” o a normativas internacionales o dirigirse más bien a las “buenas intenciones” o el “sentido cristiano” de quienes interactúan con migrantes que están en condiciones vulnerables.

Esto es lo que estudió Badaró (2006) en Buenos Aires, comparando el planteamiento de organismos vinculados con la Iglesia, y los de organismos de derechos humanos. Para ejemplificar lo anterior, incluimos el siguiente extracto de una de las entrevistas realizadas, de un funcionario del Arzobispado de esa ciudad:“No les ponía los derechos, les decía que reflexionen sobre lo que estaban haciendo. Porque si yo lo pongo como derechos, ellos se ponen contra la ley. Aunque la ley sea buena. Se van a poner a la defensiva. En cambio, si uno los toma desde el punto de vista de la afectividad, la gente, además de sensibilizarse, dice: ¿Cómo yo puedo ser un monstruo? (Badaró, 2006,226).